La
PLATAFORMA DE INTERINOS DE CASTILLA-LA
MANCHA,
que defiende desde siempre a todos los empleados públicos de
Castilla-La
Mancha
y, especialmente, a los más precarios, apoya completamente la
manifestación prevista el próximo día
15 de febrero en Madrid,
convocada de forma libre y espontánea por los propios trabajadores,
para trasladar un mensaje único a los poderes públicos nacionales y
europeos, a la sociedad y a los propios trabajadores: El Estado
español incumple e impide cumplir en el sector público la Directiva
1999/70/CE relativa a la contratación
temporal, arbitrando el despido o cese de cientos de miles de
trabajadores públicos temporales que quedan desprotegidos del
derecho a que se sancione a su empleador por la utilización abusiva
de la contratación temporal, y sufren la continuada discriminación
en sus condiciones de trabajo, por el hecho de ser temporales.
Por
ello, nos sumamos a las siguientes denuncias y reivindicaciones:
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El sector público, defraudando la ley, utiliza la contratación temporal para cubrir, de forma indefinida, necesidades permanentes y estructurales incumpliendo la prohibición de abuso de temporalidad de la Directiva 1999/70/CE.
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El problema estructural de la temporalidad en el sector es la temporalidad irregular y abusiva, porque no existe norma ni medida nacional eficaz para prevenir, sancionar y eliminar las consecuencias del abuso.
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Este problema afecta a gran parte un tercio de la plantilla pública, que asciende a casi 900.000 trabajadores, de edades entre 45 y 60 años, la mayoría mujeres y la solución del gobierno de Rajoy, continuada por el gobierno interino de Sánchez que ahora preside el gobierno “progresista”, y tiene por bandera la lucha contra la precariedad, ha sido despedir a estos trabajadores sacando las plazas que ocupan en ofertas de empleo público especiales, eludiendo la prohibición del EBEP de incluirlas en una oferta de empleo.
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No existe norma nacional eficaz que prevenga, sancione y elimine el abuso, por lo que no se garantiza el resultado perseguido por la Directiva 1999/70/CE, lo que constituye una infracción del Tratado Fundacional de la Unión Europea, que exige a todos los Estados miembros garantizar el cumplimiento del derecho comunitario. Y los procesos de “estabilización” y otras medidas presupuestarias que dejan sin efecto normas estatutarias preventivas, impiden su cumplimiento.
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El gobierno ha adoptado una política presupuestaria que no ha informado en su Programa Nacional de Reformas, destinada al despido de los trabajadores en abuso de temporalidad, por estar en temporalidad ininterrumpida en al menos tres años, sin causa que lo justifique. Política amparada por los sindicatos que dependen de las subvenciones del gobierno y que no han exigido medidas de lucha contra el fraude en la contratación y el abuso de temporalidad para su detección y sanción al empleador público, sino que por el contrario facilitan el despido libre y gratuito de cientos de miles de trabajadores públicos.
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Los aspirantes a entrar en la función pública son manipulados y enfrentados desde intereses sindicales, academias y preparadores que viven de nosotros, contra los trabajadores temporales. Sin embargo, no han sido los sindicatos y academias los que han demandado a los tribunales durante los últimos 20 años que se ofertara el 100 por cien de las plazas vacantes, sino los trabajadores a los que ahora se enfrentan. Al contrario, los sindicatos se han personado en contra en los juicios para defender a la administración que no incluye todas las plazas vacantes, impidiendo garantizar el derecho fundamental de igualdad de acceso en condición fija. Y son estos sindicatos los que negocian reservar hasta un 60% de las plazas ofertadas (que no son el 100%) a procesos restringidos para funcionarios de carrera, restringiendo las plazas de acceso libre. Los aspirantes engañados ahora son los futuros trabajadores temporales en fraude de ley, porque muchos que aprueben no obtendrán plaza al no convocarse todas.
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No existe un conflicto real entre aspirantes y trabajadores en abuso de temporalidad. No es comparable la situación de quien desea acceder en igualdad al empleo público, con la del trabajador que ya ha accedido conforme exige la Constitución y la ley y tiene unos derechos reconocidos, como trabajador, por el derecho comunitario.
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La administración está obligada a aplicar directamente la Directiva comunitaria y sancionar el abuso, conforme determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Reivindicamos que la sanción sea la fijeza porque es la que elimina por completo el abuso como establece el Tribunal y el Parlamento Europeo. En su defecto, la sanción equivalente, pero jamás el despido libre y gratuito como medida para acabar con el abuso.
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El gobierno español debe adoptar una medida de lucha contra el fraude en la contratación y el abuso de temporalidad en el sector público, como en el privado, que incluya un plan de inspección con un órgano independiente y externo que garantice la detección del fraude y permita sancionar el abuso, conforme exige el derecho comunitario.
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No puede ofertarse ninguna plaza ocupada por personal temporal hasta que no se compruebe si la temporalidad está justificada por causa legal, sin perjuicio del derecho de recurso del trabajador, para evitar despidos y ceses ilegales y el incremento de la judicialización del conflicto. El TJUE exige esta comprobación y se incumple esta obligación, que permite ocultar el fraude y el abuso a Bruselas.
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En el ámbito de Castilla-La Mancha, exigimos que se facilite por el gobierno autonómico un instrumento de diálogo social, donde se nos reconozca como interlocutores válidos para realizar aportaciones y propuestas que permitan garantizar el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y la estabilidad de 12.000 trabajadores y sus familias, evitando que este gobierno incurra en infracción del Derecho de la Unión.
El
despido colectivo libre y gratuito que se está llevando a cabo
coloca a los trabajadores públicos temporales en una situación
límite. Nuestra unión y colaboración activa es vital para ejercer
nuestros derechos y exigir que se cumpla la ley por los poderes
públicos. El miedo a represalias ya no nos paraliza ante un despido
masivo y la perspectiva de engrosar la tasa de desempleo de larga
duración.
Por
ello, animamos a participar en la manifestación
convocada en Madrid el próximo día 15 de febrero,
como medio para reivindicar públicamente los derechos laborales que
nos reconoce el derecho de la Unión Europea y la obligación de la
Administración de cumplirlo. Tenemos derecho a la igualdad de trato
en las condiciones de trabajo que se nos niega, y el derecho a que se
aplique la correspondiente sanción al empleador público que
defrauda la ley e incumple la prohibición de la utilización abusiva
de la contratación temporal.
Sanción
que reivindicamos sea la conversión de la falsa relación temporal
que oculta fraudulentamente una prestación indefinida, en fija.